Durante la presentación del estudio “La visión de las relaciones institucionales por parte de los poderes públicos” en un acto organizado por APRI en el Senado se ha expuesto la urgente necesidad de una regulación nacional de la actividad de los lobistas en España.
Por Redacción, 30 de junio de 2022
La urgente regulación de los grupos de interés en España ha sido una de las principales conclusiones del acto organizado por la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) en el Senado con motivo de la Semana de la Administración Abierta 2022, “Hacia una profesionalización y regulación de la transparencia de los grupos de interés en España: el ejemplo europeo y autonómico”.
En el acto han participado representantes de instituciones europeas, autonómicas y locales que ya cuentan con una regulación sobre la materia. El objetivo del encuentro ha sido exponer a la ciudadanía la importancia de la interlocución público-privada, y de profesionalización y transparencia de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España.
La profesionalización del lobby
La apertura del acto corrió a cargo de Cristina Ayala, secretaria cuarta de la Mesa y viceportavoz de la Comisión del Reglamento del Senado y la directora general de APRI, Irene Matías. En su bienvenida institucional, la secretaria cuarta de la Mesa del Senado puso de manifiesto “las relaciones entre el sector público y privado constituyen la piedra que construye nuestro estado democrático. Se hace camino al andar y con estas jornadas, eso se hace caminar”.
Tras la bienvenida, Yolanda Vega, directora de Asuntos Públicos de BCW, presentó el estudio desarrollado por el Foro Empresarial de APRI sobre “La visión de las relaciones institucionales por parte de los poderes públicos”, estudio que concluye que una mayoría (70%) de los cargos públicos es partidario de una regulación nacional de los lobbies que integre o complemente la que ya se ha aprobado de manera dispersa en el ámbito europeo, autonómico o local.
Yolanda Vega hizo hincapié en la importancia de la profesionalización y regulación de las relaciones institucionales. “El estudio constata una realidad: la interlocución entre los poderes públicos y las entidades privadas o los agentes sociales no solo está normalizado, sino que se valora como una herramienta útil para ambas partes. Por lo tanto, es hora de evolucionar y regular el ejercicio del lobby sin prejuicios”. A continuación, se abrió una mesa redonda sobre la regulación de los lobbies con representantes de instituciones europeas, autonómicas y locales, que ya cuentan con una regulación sobre la materia, moderada por Diego Bayón, director de Public Awareness en Harmon y vocal de la Junta Directiva de APRI.
La regulación de la actividad ya cuenta con una amplia experiencia
Durante el transcurso de la mesa, Lucas González de Ojeda, Director adjunto de la Representación y Jefe de Análisis Político de la Comisión Europea en España señaló que “es una error tener una concepción maligna de los grupos de interés, puesto que se busca enriquecer el proceso legislativo, las normas de transparencia y las normas de registros son necesarias. En Bruselas operan más de 30.000 partes interesadas y es algo normal y bueno para el proceso decisorio”.
Por su parte, Pablo García-Valdecasas, Director General de Transparencia de la Comunidad de Madrid ofreció la experiencia de la Comunidad de Madrid y resaltó que “la representación de intereses es algo innato en la Administración Pública en un caso de éxito siempre va a haber una comunicación público-privada. No es una carga de la administración sino una actividad de retroalimentación. Las leyes de transparencia han avanzado bastante, y en la Comunidad Madrid ha habido un cumplimiento estricto de la norma de transparencia de los grupos de interés, pero es importante unificar y simplificar la norma y que el poder legislativo y el poder ejecutivo regulen la actividad para que haya una dirección conjunta”.
El Director General de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Relaño, ofreció por su parte la experiencia de esta entidad local con el registro de grupos de interés. Relaño explicó que “cada vez la transparencia es más indefinida, el término es muy amplio y acaba de iniciarse, pero tiene por objeto dar un impulso de legitimación. Esto no ha hecho más que empezar”. Uno de los consensos en esta mesa redonda ha sido la necesidad de delimitar correctamente el alcance del concepto de lobby, tanto en cuanto a sus actores como en lo relativo a sus actividades.
El encuentro se clausuró con las declaraciones de Javier Valiente, socio director de Political Intelligence y presidente de la Comisión Deontológica de APRI que concluyó que “los plazos establecidos por el Gobierno para la regulación nacional de los lobbies no se están cumpliendo, y los ejemplos europeos, autonómicos y locales de participación en la vida pública de manera regulada y normalizada demuestran que no solo es bueno para mejorar la elaboración de leyes, sino para la democracia en su conjunto.”
