ARTÍCULO DE MIGUEL ÁNGEL ROBLES / Hace unas semanas varios medios de comunicación informaban de su exclusión a una convocatoria de Moncloa sobre el reparto de los fondos europeos. Inicialmente el Gobierno justificó esta convocatoria restringida por cuestiones de aforo. Sin embargo, cuando quedó en evidencia que el mismo escenario acogió horas después una rueda de prensa con todos los medios presentes, el secretario de Estado de Comunicación adujo el siguiente argumento: las invitaciones las establece el convocante.
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Por Miguel Ángel Robles, socio y director de Euromedia Comunicación Grupo / 22 de febrero de 2022
El presente artículo se propone precisamente examinar esa afirmación: ¿en las relaciones con medios de comunicación, las invitaciones las decide el convocante, cuando el convocante es un organismo público? Y cuando el convocante es privado, ¿es legítimo excluir a los medios de comunicación de una rueda de prensa?
Para responder a la primera pregunta no es necesario acudir siquiera a los principios originales de las relaciones públicas y al que es tenido como su manifiesto fundacional, la célebre declaración de principios que Ivy Lee envió a los medios en 1906. También es posible contestarla acudiendo las fuentes del ideario liberal-democrático.
Al menos desde el siglo XVII en Inglaterra y desde el siglo XVIII en el Continente, uno de los principios fundamentales sobre lo que se ha levantado el sistema político representativo que hoy conocemos como democracia es la denominada “publicidad de los asuntos públicos”, es decir, el sometimiento de la actividad política institucional a juicio público y de forma específica al escrutinio de los medios de comunicación. Estos tienen asumida desde los orígenes del gobierno representativo la función de vigilar a los poderes públicos, evitando que estos se aprovechen de su legitimación popular para realizar un ejercicio tiránico o despótico de las competencias legislativas o ejecutivas adquiridas.
No es, por tanto, en democracia, ni el Gobierno, ni ningún otro de los poderes públicos del Estado, quien debe decidir qué medios acuden a sus actos y cubren sus noticias, sino que son los medios los que deben elegir a qué encuentros e informaciones dan difusión y con qué enfoque, sin que en modo alguno el tratamiento habitual de las noticias por parte de los distintos grupos editoriales conceda a las instituciones convocantes derecho alguno de diferenciarlos en ningún sentido, y menos aún de hacerlo de una forma explícita e incluso abiertamente reconocida.
Obviamente, todos sabemos que en la simetría y equidistancia que practican o deberían practicar los poderes públicos en su relación con los medios de comunicación se producen vulneraciones y abusos habituales en forma de filtraciones, exclusivas, entrevistas concedidas/denegadas y otros tratos subrepticios de favor o castigo. Pero dar carta de naturaleza y normalidad institucional a esas inequidades hasta el extremo de perder las formas y practicar la marginación de medios hostiles sin ni siquiera disimularlo, manifestando impudorosamente que las invitaciones las decide el convocante, es llevar demasiado lejos la confusión entre organismos públicos y opciones políticas, entre intereses generales y partidistas.
Sin embargo, una actuación de este tipo, es también, y no me cansaré de repetirlo, llevar demasiado lejos la confusión entre comunicación y publicidad/marketing, disciplinas que, habiendo nacido con objetivos antagónicos, de un tiempo a esta parte permanecen mezcladas en un totum revolutum cuyos resultados en la vida pública son los que estamos viendo.
Vuelvo a la mencionada declaración de principios de Ivy Lee: “Todo nuestro trabajo se hace abiertamente. Nuestra intención es ofrecer noticias. Esto no es una agencia de publicidad. Si piensa que algunos de nuestros asuntos encajan en su departamento comercial, no los utilice. Nuestro contenido es concreto. Se darán detalles sobre cualquier tema tratado y todo editor será atendido con el mayor placer a verificar cualquier exposición de hechos… En resumen nuestro plan es trabajar con las empresas comerciales e instituciones públicas para ofrecer a la prensa una información rápida y exacta con relación a los temas cuyo valor e interés debe conocer el público”.
En puridad, y desde una concepción cabal de la comunicación corporativa/institucional, las ruedas de prensa son incompatibles con cualquier forma de exclusión mediática aun siendo convocadas por instituciones privadas. Siendo el convocante un organismo público, la discriminación adquiere un carácter profundamente antidemocrático.
Tengo la impresión de que a los jóvenes que se forman en las facultades de comunicación no se les cuenta nada de esto y muchos alcanzan responsabilidades directivas y ejecutivas con la noción (que produce sonrojo y vergüenza ajena cuando se expone públicamente sin pudor, lo cual sucede muchas veces) de que los medios de comunicación son únicamente, bajo su perspectiva, “instrumentos valiosos” o “potenciales aliados” para la consecución de objetivos corporativos/comerciales.
Nadie les ha enseñado que cuando una organización privada comienza a relacionarse con los medios asume un compromiso de exposición al juicio público que va más allá de cualesquiera que sean sus objetivos económicos. Un compromiso del que espera (naturalmente) encontrar réditos reputacionales, pero sólo desde el convencimiento de que la transparencia informativa es un valor que la sociedad (actuando como mercado) reconoce, valora y premia.
Y eso implica un cierto conocimiento y acatamiento de las reglas del juego, por así denominarlas. Una de las principales y fundamentales es que, si nos relacionamos con los medios, nos relacionamos siempre, en todos los casos y para todos los temas, y obviamente sin practicar exclusiones que no estén basadas más que en el interés de los propios medios de comunicación (no vamos a convocar a medios sanitarios a una convocatoria de medio ambiente, pero sí debemos garantizar que no excluimos a ningún medio especializado de ese segmento, por incómoda o crítica que pueda resultar su posición editorial con nosotros).
Equiparar, por tanto, una rueda de prensa a una inauguración comercial o cualquier otra actuación de marketing en redes sociales es, sencillamente, no tener ni pajolera idea. Y trasladar esa confusión al territorio de las instituciones públicas, como ha hecho el secretario de Estado de Comunicación, demuestra un desconocimiento tan grande de los fundamentos de la comunicación como del papel de los medios en democracia y de las obligaciones de los poderes públicos hacia ellos.
Como le imagino rodeado de un nutrido equipo de especialistas en comunicación, confío en que haya alguno lo suficiente veterano o dotado de conocimientos como para advertirle que, en las convocatorias mediáticas, ni él ni ninguna autoridad pública tienen legitimidad alguna para lanzar las invitaciones de forma arbitraria y discrecional. De lo contrario, la opinión pública deberá entender que cuando el actual Gobierno convoca a un briefing, no lo hace para proporcionar información a medios independientes, en una de las acepciones anglosajonas de este concepto, sino que lo hace en la acepción común de los hispanohablantes, es decir, para trasladar instrucciones y orientaciones de mensaje a publicistas sometidos por una relación clientelar.
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