Es sabido que el término ‘lobby’ suele tener connotaciones negativas entre algunos sectores sociales y profesionales. De hecho, muchos profesionales y consultoras prefieren utilizar otras expresiones como ‘Asuntos Públicos’ o ‘Relaciones Institucionales’. Hemos preguntado a 8 expertos si el término lobby corre peligro de desaparecer. Y estas son sus respuestas.
Por Mario Montero Raya, 23 de septimbre de 2021
JUAN TORRES
Vocal de Comunicación y Portavoz de APRI
«En nuestro sector se desarrollan tres tipos de actividad que se interrelacionan, pero que también se diferencian: a) Relaciones institucionales son aquellas que se establecen entre instituciones públicas o privadas para colaborar a corto, medio y largo plazo en proyectos comunes. b) Los Asuntos Públicos son el modo en que las empresas y las organizaciones privadas participan de modo sostenido en la vida pública. c) Lobby es la actividad que se centra en la defensa de intereses legítimos ante la toma de decisiones públicas. Por decirlo de manera simple, mientras que las dos primeras no persiguen un fin concreto, sino la creación de un entorno favorable de intercambio con el entorno institucional, la actividad de lobby se marca objetivos precisos y concretos.
En APRI nos agrupamos profesionales de los tres ámbitos de actividad y nos sentimos muy cómodos con los tres términos porque, en nuestra opinión, se ajustan de manera bastante precisa a la actividad que cada uno pretende describir. Las connotaciones negativas de lobby en España tienen que ver con una mala comprensión de nuestra actividad por razones históricas y a causa de la falta de regulación y transparencia con la que se ha desempeñado. Pero las palabras son inocentes y no porque se usen mal hay que desterrarlas. Tanto el ejecutivo como el legislativo parecen por fin decididos a regular nuestra actividad -y estamos colaborando activamente con ellos-, e incluso estamos trabajando con la RAE y con Fundéu en la normalización del término. En resumen, no creemos que la palabra lobby deba desaparecer sino ser percibida como lo que es: una actividad perfectamente legítima y regulada, necesaria para el buen entendimiento de la sociedad con los poderes públicos y para ayudar a estos en la toma de decisiones.»
CRISTINA HERNÁNDEZ
Socia & Directora General de MAS CONSULTING
«Efectivamente el termino “lobby”, sigue teniendo cierta connotación negativa en algunos ámbitos, pero afortunadamente en los últimos años esta actividad profesional está viviendo un fuerte auge en España. Hace más de diez años, cuando pusimos en marcha el primer postgrado en lobby en nuestro país elegimos el nombre de Postrado de Dirección de Asuntos Públicos, porque recogía de una manera más nítida el contenido.
El trabajo de los profesionales de los Asuntos Públicos va más allá de la acción de lobby, ya que abarca aspectos relacionados con la comunicación, la influencia en la opinión pública, el contacto con aliados y stakeholders, etc. No obstante, nosotros nos sentimos cómodos con ambas denominaciones.»
FULGENCIO SPÁ
Consultor senior de Asuntos Públicos en LLYC
«El término ‘lobby’ de por sí no es utilizado con demasiada frecuencia en el contexto español y su uso es llamativamente poco habitual en el seno del propio sector. Internamente, conozco a pocos ‘lobistas’ que se presenten como tal y, externamente, dudo que siquiera se le dé tratamiento de categoría profesional reconocida en las clasificaciones laborales más convencionales. No en vano, es más común que se recurra a términos como ‘Asuntos Públicos’ o ‘Relacionamiento institucional’, aunque no representen necesariamente lo mismo.
Es difícil que el término desaparezca en el corto-plazo, ya que es un concepto bastante práctico para simplificar en última instancia –explicar en la calle- lo que para el imaginario colectivo supone la labor de influir y posicionar un determinado mensaje o reivindicación.
Otro factor relevante a la hora de tener en cuenta el limitado (o incorrecto) uso del concepto es la implantación menos generalizada, y el desconocimiento general, del propio sector de los Public Affairs en España, todavía con mucho camino por recorrer tanto en su desarrollo profesional como en la propia regulación, si nos comparamos a otros países como Estados Unidos o a ámbitos políticos como el de Bruselas.
El concepto de ‘Asuntos Públicos’ es sin duda más amplio: se podría decir que el lobby, como tal, es sólo una parte especializada –la de influir directamente- de los ‘Asuntos Públicos’, que es un término que engloba todo el conjunto de actividades y la acción de cara al exterior de una organización o empresa en su espectro más público.»
PABLO VERA
Associate Director, Financial Policy & EU affairs de Kreab.
«Tradicionalmente, el término ‘lobby’ siempre ha despertado cierta suspicacia, pero ni su actividad es necesariamente tan opaca, ni su práctica es tan reciente como se cree. El primer registro voluntario de transparencia se abrió en 2008 por parte de la Comisión Europea para poder identificar a los grupos de presión en la toma de decisiones políticas. A día de hoy, existen 12667 grupos de presión inscritos en él y sin pudor alguno. Más que desaparecer, es un término que, en mi opinión, está abocado a evolucionar y normalizarse.
La transparencia en torno a la toma decisiones en la órbita política es síntoma de buena salud democrática. Cuanta mayor transparencia exista de cara a la ciudadanía y más fluida sea la participación del sector privado en la toma de decisiones, más fácil resultará asegurar una representación equilibrada, evitar presiones a puerta cerrada y el traslado de intereses ilegítimos o privilegiados a los responsables institucionales en la toma de decisiones. Así, la transparencia debería ser un elemento clave en la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática de cualquier Estado miembro de la UE.
Al igual que la propia práctica, es probable que el término “Asuntos Públicos” continúe evolucionando y acabe ampliándose. Tradicionalmente, esta ha sido una práctica que se ha ido desarrollando bajo el paraguas de los departamentos de comunicación de las grandes corporaciones. No obstante, esto es algo que está cambiando de manera inminente. Cada vez se requieren perfiles más técnicos, con capacidad de análisis político, sensibilidad de cara a identificar posibles riesgos normativos y que dispongan de competencias para comprender al detalle el entorno regulatorio y la agenda pública, tanto a nivel nacional como europeo.
El contexto regulatorio actual está en contante cambio y saber anticiparse a estos cambios puede verse reflejado en la cuenta de resultados. La participación por parte del sector privado y la capacidad para dar forma a la agenda pública requieren de un enfoque integrado y es por ello por lo que las estrategias de Asuntos Públicos no deben ejecutarse de una manera aislada. Una parte clave de nuestro papel es ayudar a nuestros clientes a construir relaciones de confianza, defender sus intereses frente a las distintas partes interesadas y al mismo tiempo entender los factores interconectados entre en el entorno económico, el político y el social.»
ANA PEREIRA
Directora de Estudio de Comunicación
«En un estudio realizado en el año 2013 por Estudio de Comunicación en colaboración con el diario ABC quedaba patente que a los políticos no les gusta la palabra “lobby” (solo la aceptaba un 6% de los entrevistados). Al contrario de lo que ocurre en el mundo anglosajón, los españoles tenemos cierta intolerancia al término. Las causas hay que buscarlas en el secretismo que ha estado siempre asociado a la palabra “lobby” y a la mala imagen que se le presupone a la actividad, derivada en buena parte de la ficción cinematográfica de Hollywood y de la no tan ficticia realidad de puertas giratorias mal entendidas y escándalos de corrupción, que se difuminan en esa nebulosa gris de la práctica del “lobby”. Dicho todo eso, que desaparezca a corto plazo no será fácil porque es un término que se aplica y se reconoce a nivel mundial.
“Lobby” es una palabra inglesa y en español existen términos más certeros y con menos carga negativa para describir la licita actividad de relacionar a las empresas con las administraciones públicas y los políticos: Asuntos Públicos puede ser una; Relaciones Institucionales puede ser otra.
Se llame como se llame, las empresas necesitan tener una interlocución fluida con las administraciones para defender sus legítimos intereses. Y los políticos y los gestores de lo público necesitan tener interlocución permanente con las empresas para poder cumplir con eficacia y justicia la función que les han encomendado los ciudadanos. No hay nada deshonesto ni ilegal en el trabajo de “lobby” o “relaciones institucionales” o “asuntos públicos” si se hace con profesionalidad y ética, como cualquier otra actividad.»
DAVID ÁLVARO
Director de análisis, estudios y comunicación de ACENTO Public Affairs
«El término ‘lobby’ no creo que acabe por desaparecer, todo lo contrario. En puridad, debería ser un término que se fortaleciese y que se instaurase en el imaginario colectivo. Para ello es imprescindible continuar transitando por la senda de su profesionalización. La regulación, desde las instituciones públicas, será un gran paso para ofrecer reglas claras e iguales para todos que posibiliten que la acción del lobby sea percibida como una actividad que busca el beneficio del conjunto de la sociedad, aportando valor añadido, ofreciendo nuevos enfoques y convirtiéndose en parte de la solución de los futuros problemas.
Más allá del término lingüístico, lo importante es que permee la importancia y beneficio que entraña esta actividad. Poco importa que hablemos de asuntos públicos, relaciones institucionales, asuntos corporativos o de relaciones públicas, lo relevante es ser capaces de evolucionar de un modelo H, en el que la administración pública y el sector privado actúan como elementos independientes y en el que, de manera muy puntual, existe una vinculación circunstancial, a un modelo Y, en el que, por medio del lobby, las instituciones al servicio de todos y los intereses de la sociedad civil coincidan de manera continua, estable y prolongada en el tiempo.»
JAVIER VALIENTE
Socio Director de Political Intelligence en España y Portugal.
«El término Asuntos Públicos, Public Affairs en su denominación original, posiblemente sea el más adecuado para definir el tipo de actividad en la que trabajamos agencias como Political Intelligence.
Aunque muchos consideren a los Asuntos Públicos como otra forma de llamar al ejercicio del lobby, en realidad su alcance es mayor, al abarcar un universo y actuaciones más extensas. El término lobby en un análisis purista se circunscribe a las campañas de advocacy relacionadas con un proyecto legislativo en elaboración o tramitación parlamentaria. Por tanto, no incluye otras actuaciones asociadas a políticas públicas que puedan afectar a una compañía u organización, ni tampoco aquellas relacionadas con la construcción de la reputación institucional de una empresa o entidad.
A modo de ejemplo, podemos hacer lobby en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, pero estaremos trabajando en Asuntos Públicos si lo que queremos es posicionar a nuestra empresa como un referente institucional en el campo de las políticas medioambientales.
En consecuencia, es probable que el término Asuntos Públicos se consolide progresivamente, tal y como ya está sucediendo, a la hora de definir y englobar el asesoramiento estratégico y los servicios prestados por consultoras como Political Intelligence, especializadas en este ámbito.
Al mismo tiempo, es esperable una reducción progresiva en el uso del término lobby, no sólo por la limitación en su alcance, sino por ser un anglicismo que puede además arrastrar connotaciones negativas para ciertos sectores no familiarizados con la realidad del sector y de la práctica de este tipo de actividad. En este sentido, otras denominaciones como la Representación de Intereses se están haciendo también cada vez más comunes a la hora de definir el ejercicio del lobby.»
DIEGO BAYÓN
Director Advocacy Campaigns & Public Awareness de Harmon.
«La actividad que realizamos los profesionales de los asuntos públicos es considerablemente más amplia que la que refleja el término “lobby”, que hace referencia exclusivamente a la participación de un grupo de interés (una ONG, una asociación profesional, una empresa o cualquier otro colectivo organizado) en el desarrollo de una normativa concreta.
De acuerdo a nuestra visión de la profesión, los asuntos públicos contemplan la puesta en marcha de una estrategia completa de no-mercado que aborde la relación con las distintas audiencias y actores de interés para la organización (desde las asociaciones de consumidores, a las patronales y los sindicatos, pasando por los representantes gubernamentales, los diputados especializados en el tema en cuestión, o cualquier otro colectivo que tenga objetivos comunes a los nuestros). Este tipo de estrategias incluyen el desarrollo de canales de comunicación con el ecosistema de decisores institucionales; el diseño y la implementación de una estrategia de posicionamiento y de participación en el debate público; la elaboración de informes y dosieres con datos y propuestas para las administraciones; o la puesta en marcha de acciones de pedagogía y concienciación de la opinión pública a través de la presencia en medios de comunicación; entre otras. Por ello, coincidimos en que “asuntos públicos” puede ser un término más amplio, que recoge de forma más adecuada todos los ángulos de trabajo de nuestra actividad, que va mucho más allá de la incidencia política ante iniciativas regulatorias concretas, y que abarca todo aquello que no entra en un balance, pero sí en la cuenta de resultados de las organizaciones.
Es cierto que el término lobby tiene ciertas connotaciones negativas en España, en parte por el desconocimiento que todavía persiste sobre nuestra actividad, en parte por la asociación incorrecta del término lobby con prácticas que poco o nada tienen que ver con él. El lobby no es más que un ejercicio de comunicación mediante el cuál se traslada a las distintas instituciones y ámbitos de poder público la postura e intereses de un colectivo en relación con una regulación o legislación concreta que le puede afectar. Una actividad que está recogida en la Constitución, que garantiza la participación ciudadana en los asuntos públicos, y que es fundamental para el funcionamiento de la democracia: que el regulador decida tras haber escuchado al regulado.»
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